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El Sistema Español de Bibliotecas constituye el mayor ejército cultural de este país, el que más territorio abarca, el que a más personas llega, el […] Leer más
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La crisis generada por la covid-19 ha obligado a implantar de manera prácticamente completa el teletrabajo en todo el tejido empresarial. Este nuevo sistema, en el que los empleados han trasladado su oficina a casa, ha supuesto muchos beneficios, pero también conlleva algún que otro riesgo de vital importancia para las compañías. Uno de ellos, es sin duda, la mayor posibilidad de que se produzcan fugas y pérdidas de información, uno de los mayores activos para cualquier corporación. Los datos, el conocimiento y el diseño o las patentes suponen un valor incalculable para las empresas, presentándose como las bases del negocio y el arma principal para ganar y mantener competitividad en el mercado. Solo una fuga mínima de esta información puede suponer pérdidas de millones de euros y poner en suspenso el futuro y la credibilidad de una compañía, así como colocar en una situación de riesgo y vulnerabilidad a todo sus clientes, como ha sucedido en el reciente caso de la compañía aérea EasyJet. En algunos casos, incluso, ha llegado a provocar la quiebra y el cierre definitivo.
Corcuera, Sinde, Wert… Cuando una ley pasa a la historia por el apellido de su principal propulsor, incluso antes de que se apruebe, suele ser sinónimo de un parto difícil. Hasta ahora, la gestación de la ya bautizada como ley Celaá sigue esa misma trayectoria. Impulsada por Isabel Celaá (Bilbao, 1949), ministra de Educación y Formación Profesional, en menos de dos años esta propuesta se ha visto interrumpida por dos elecciones generales y cuenta con enmiendas a la totalidad por parte de los principales partidos de la oposición. ¿Qué más podría obstaculizar el curso de la octava ley de educación de la democracia? ¿Una pandemia? También se verá sometida a ese examen.